El Ministerio de Salud de la provincia, luego de un trabajo en conjunto con organizaciones de mujeres, dio a conocer, la semana pasada, en el Boletín Oficial la reglamentación que obliga aplicar la ley en todos los centros de salud. El proyecto de ley de parto respetado había sido aprobado en 2004 y reglamentado en 2015 a nivel nacional. Por su parte la provincia desde la adhesión de la legislatura a la ley en 2017 trabajo para su reglamentación junto al colectivo autoconvocado de Mujeres en Tribu.
María Pretraccaro, integrante del colectivo manifestó: «Este es un paso enorme, ya nadie se puede hacer el distraído respecto de los derechos de las mujeres y sus hijos, ni los espacios públicos ni privados» y añadió «A partir de ahora, a ninguna mujer que vaya a parir y lleve consigo la reglamentación, le podrán negar sus derechos». Respecto de esto, el primer artículo de la ley establece que las medidas son «tanto para los efectores públicos como para los privados, las obras sociales, las empresas de medicina privada y prepagas», que en todos los casos «deberán instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley nacional».
Asimismo la coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva, Sandra Formia, desde el Ministerio de Salud, indicó que en las 29 maternidades santafesinas ya se viene trabajando tanto en materia de infraestructura como de capacitación de los equipos, y consideró que «hay un cambio de paradigma por delante»
La reglamentación, que dejó fuera algunos de los pedidos de las mujeres, incluyó no obstante «puntos fundamentales» del proceso de acompañamiento del proceso de la mujer y del bebé en los primeros minutos y horas de vida.
“Un punto central es el hecho de que las mujeres puedan estar acompañadas tanto en las cesáreas como en el parto por «las personas de su confianza», y lo establece en plural, algo que permitirá por ejemplo el acompañamiento de una doula (proporciona apoyo emocional, físico y educativo a la madre), a quienes muchas veces las instituciones quieren poner límite, indicó Petraccaro.
Otro ítem es la no intervención en los partos sanos «Se destaca que existen procedimientos que no sólo no son necesarios, sino que están desaconsejados, y se enumeran cuáles son esas intervenciones, por lo que nadie puede hacer caso omiso» remarcó.
El derecho a ingerir alimentos y líquidos, a estar en movimiento, a elegir la posición para parir y el respeto por la «hora sagrada» de contacto piel a piel entre madre e hijo también están especificados, así como los casos de muertes perinatales. Allí, se establece que la mujer tiene derecho de decidir si quiere atravesar ese proceso a través de un parto o de una cesárea. Además, en los casos de nacimientos prematuros son parte de la normativa las áreas de neonatología y se establece el derecho «continuo» de las familias a estar con sus hijos e hijas.
La activista destacó que «este avance eleva el piso de los derechos de todas las mujeres y personas gestantes», y no lo hace de cualquier manera, sino tomando en consideración la resolución de Naciones Unidas, que analizó los casos de violencia obstétrica en todo mundo y los estableció como una violación a los derechos humanos de las mujeres.
Las autoconvocadas dijeron que «hay por delante un cambio de paradigma», y señalaron que, » es la capacitación lo que va a permitir que esto funcione». Aseguran que se trata de una batalla que tendrán que seguir dando sobre todo respecto de las sanciones. «El gran problema de la violencia obstétrica es que por más derechos que haya a denunciar, de nada sirve si no hay consecuencias y sanciones reales, porque se nos siguen riendo en la cara», apuntó la integrante del colectivo.
