El decreto 662/24, firmado recientemente por el presidente Javier Milei, ha generado una profunda preocupación y rechazo en la comunidad audiovisual argentina. Esta normativa, que reglamenta la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741), supone un golpe devastador para la industria del cine nacional al modificar aspectos cruciales del apoyo estatal destinado a la producción cinematográfica.
La principal crítica de la comunidad audiovisual se centra en dos puntos clave del decreto. En primer lugar, reduce drásticamente los fondos destinados a la producción de películas nacionales, estableciendo que el subsidio a la producción no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC). Además, el decreto limita el subsidio máximo al 50% del costo total de producción del proyecto, obligando a los realizadores a asegurar el financiamiento restante antes de poder recibir apoyo estatal.
En segundo lugar, elimina la cuota de pantalla que garantizaba un espacio de exhibición para las películas argentinas en las salas de cine del país. Esta medida, que queda a discreción del presidente del INCAA, Carlos Pirovano, pone en grave desventaja a las producciones locales frente a las grandes producciones internacionales, especialmente las de Hollywood.
La administración de Carlos Pirovano al frente del INCAA ha sido objeto de fuertes críticas. Pirovano ha implementado una serie de medidas que han afectado negativamente a la industria, incluyendo despidos masivos, cierre de programas comunitarios y suspensión de proyectos ya aprobados. Además, ha interrumpido el plan de fomento existente, devolviendo a sus presentantes los proyectos que habían sido aprobados por comités de evaluación. También ha eliminado importantes eventos de promoción internacional como Ventana Sur, el mayor mercado cinematográfico de América Latina, y ha llevado adelante un Festival Internacional de Cine de Mar del Plata financiado exclusivamente con fondos privados.
El gobierno justifica estas medidas bajo el argumento de la necesidad de «orden, saneamiento y déficit cero». Sin embargo, la comunidad audiovisual considera que estos argumentos son falacias que esconden un objetivo más siniestro: la destrucción del pensamiento crítico, la diversidad cultural y la memoria histórica del país. Estas medidas, según los críticos, buscan acallar las voces disidentes y eliminar las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.
La respuesta de la comunidad audiovisual
En respuesta a estas políticas, la comunidad audiovisual ha manifestado su compromiso democrático y su preocupación por el futuro del INCAA y de la industria audiovisual en general. Figuras destacadas como los cineastas Vanessa Ragone, Carmen Guarini, Marcelo Piñeyro, Andrea Testa, Rita Cortese, Benjamín Naishtat y Fernando Krichmar han expresado su rechazo al decreto y han advertido sobre sus devastadores efectos.
Carmen Guarini, cineasta y vicepresidenta de DAC, señala que el decreto altera fundamentalmente el régimen de apoyo a la producción nacional y acusa al Ejecutivo de ejercer un poder de veto sobre las películas, determinando arbitrariamente cuáles son buenas o malas. Además, advierte sobre la reducción drástica de los subsidios y el impacto negativo en miles de trabajadores del sector.
Rita Cortese, actriz, resalta que estas medidas van en contra de la cultura y el pensamiento crítico, afectando especialmente a los nuevos realizadores que necesitan apoyo estatal para comenzar sus carreras.
Benjamín Naishtat, director, denuncia la falta de funcionamiento del Consejo Asesor del INCAA, órgano que debería cogobernar la institución. Además, critica la eliminación de la cuota de pantalla y la discrecionalidad en el uso de los fondos del cine, lo que podría llevar a un uso político del dinero destinado a la industria cinematográfica.
Marcelo Piñeyro, director, enfatiza que los fondos destinados al cine no son un privilegio para los cineastas, sino un derecho de la sociedad argentina de contar con sus propias historias y miradas. La reducción de estos fondos afecta a toda la sociedad, no solo a la industria cinematográfica.
El decreto 662/24 representa una seria amenaza para el cine argentino, una industria que no solo genera empleo y actividad económica, sino que también es fundamental para la cultura y la identidad nacional. Es crucial que se reconsideren estas políticas y se busque un equilibrio que permita el crecimiento y el desarrollo de una industria audiovisual fuerte y diversa en el país.
